FORMACIÓN PARA EMPRESAS

    La formación dirigida a empresas ayuda a optimizar e incrementar las competencias y habiilidades de sus trabajadores, así como mejoras en la competitividad y su mejor desarrollo.

    Para ello, las empresas disponen de una ayuda económica que puede hacerse efectiva mediante  las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROGRAMADA?

    Las empresas con asalariados que coticen a formación, disponen de un crédito anual para la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo bonificando sus costes a través de sus cotizaciones a la Seguridad Social (Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral).

    Una vez realizada la formación, los gastos serán deducidos de las cotizaciones a la Seguridad Social de la empresa. El organismo a través el cual se gestiona y se aplican dichas bonificaciones es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).    

    Este crédito se renueva todos los años en función de la plantilla y de la base de cotización de la empresa durante el año anterior.

    Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán comunicar, según el procedimiento que a tal efecto se establezca reglamentariamente y siempre dentro de los primeros meses de cada ejercicio presupuestario, su voluntad de reservar el crédito del ejercicio en curso para acumularlo hasta el crédito de los dos ejercicios siguientes con el objetivo de poder desarrollar acciones formativas de mayor duración o en las que puedan participar más trabajadores.

    Las cuantías no dispuestas en el ejercicio (o en el último de los ejercicios mencionados en el párrafo anterior) se considerarán desestimadas por las empresas y no podrán recuperarse para ejercicios futuros.

¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE?

     Podrán ser beneficiarias de las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social todas las empresas que tengan centros de trabajo en el territorio estatal, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, desarrollen formación para sus trabajadores y coticen por formación profesional.

Obligaciones y Requisitos de las Empresas Beneficiarias

1. Hallarse al corriente de pago frente a la Agencia Tributaria y Seguridad Social.
2. Identificar en cuenta separada de su contabilidad, bajo epígrafe “formación profesional para el empleo”, todos los gastos de las acciones formativas.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las Administraciones competentes.
4. Custodiar la documentación del control de asistencia diario, modelo que se pone a su disposición a través del sistema telemático.
5. Garantizar la gratuidad de las acciones. La documentación justificativa de la formación bonificada desarrollada por las empresas, debe mantenerse a disposición de los órganos de control competentes, durante un periodo mínimo de 4 años.
6. Las acciones formativas programadas por las empresas deberán guardar relación con la actividad empresarial.
7. Haber cumplido con el requisito de información a la Representación Legal de los Trabajadores.

    Las empresas serán directamente responsables de los incumplimientos anteriores aún cuando contraten la impartición o la gestión de la formación.

    En todos los casos, la duración mínima de las acciones formativas será de 2 horas.

¿Quiénes Pueden Recibir Formación Programada/Bonificada?

    Trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas o entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas a que hace referencia el artículo 6.6 de la Ley 30/2015, incluidos los trabajadores fijos-discontinuos en los periodos de no ocupación, así como los trabajadores que, durante su participación en esta formación , accedan a situación de desempleo y los trabajadores afectados por medidas temporales de  suspensión de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus periodos de suspensión de empleo.

    Asimismo, la formación programada podrá aplicarse a los trabajadores de los colectivos  cuyo régimen de cotización contemple el pago de cuota por el concepto de formación profesional, para cubrir sus propias necesidades formativas en las mismas condiciones que las establecidas por el presente artículo.

    Las acciones formativas programadas por las empresas deberán guardar relación con la actividad empresarial. Estas acciones se desarrollarán con la flexibilidad necesaria en sus contenidos y en cuanto al momento de su impartición para atender las necesidades formativas de la empresa de manera ágil y ajustar las competencias de sus trabajadores a los requerimientos cambiantes. Por supuesto, la citada programación se realizará respetando el derecho de información y consulta de la representación legal de los trabajadores.